La Alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, responde a algunas preguntas clave luego de pasar los peores meses de la crisis provocada por la COVID-19
Luego de pasar las primeras semanas de la ‘nueva normalidad’ toca comenzar a reflexionar sobre las acciones y respuestas que se dieron a la crisis provocada por la COVID-19, fueron casi tres meses de angustia e incertidumbre para muchos, y donde salieron a la luz las capacidades de las administraciones, locales, regionales y nacional, para dar respuesta a una serie de crisis en cadena provocadas por la fuerte irrupción del virus en España.
Desde INCIDEM hemos decidido recopilar algunas de estas muchas experiencias locales de respuesta a la crisis, y en este marco realizamos el pasado 1 de julio una entrevista a Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón desde mediados de 2019.
La alcaldesa reconoce el fuerte impacto que ha tenido esta pandemia en la realidad de su municipio, sobre todo poniendo al descubierto carencias y deficiencias sociales y sanitarias que tenían las administraciones, que en sus palabras han sido sobrellevadas gracias a la ‘excepcionalidad de los trabajadores sociales y la voluntariedad de muchos gobiernos de poner en marcha recursos que de otra manera serían prácticamente inamovibles’. En este sentido, el municipio puso en marcha un Fondo de Contingencia, por más de un millón de euros, enfocado en dar respuesta y ayudas a quienes lo necesitaban de manera rápida y ágil, como lo reconoce la alcaldesa ‘prácticamente sin papeles, simplemente de manera telefónica y valorando las necesidades que tenía y realizando las aportaciones que se necesitaban’.
Respecto a estas ayudas, la alcaldesa socialista reconoce el valor esencial de los servicios sociales durante la pandemia, explicando que no fueron cerrados todos los centros de atención social presenciales, a pesar de aumentar la atención telemática y reconociendo la inmensa valor de los trabajadores sociales para apoyar a toda la ciudadanía, desde su punto de vista el gobierno municipal se centró en el apoyo económico más que en gestos de caridad, intentando brindar recursos suficientes a los ciudadanos y ciudadanas que lo requiriesen.
Consultada por otros mecanismos puestos en marcha durante la pandemia, la alcaldesa reconoció especialmente dos, en primer lugar también desde el ámbito social, la coordinación con asociaciones sociales y la ciudadanía en general, a través de la protección civil y el servicio de bomberos, para asistir y brindar apoyo a personas mayores y otras personas que pudieran requerirlo durante los meses de pandemia, en sus propias palabras era ‘evidente que la ciudadanía tenía una necesidades importantísimas de colaborar, de ayudar’, y estas necesidades se apoyaron y acompañaron desde el ayuntamiento.
En segundo lugar, el apoyo y la coordinación con la dirección del hospital de Alcorcón, facilitando EPIs, colaborando en la ampliación de camas, facilitando recursos y mobiliario y posibilitando que la UME desinfectara las instalaciones que lo requirieron. En este sentido, la alcaldesa reconoce que se jugó un papel desde el ayuntamiento que no le correspondía en cuanto a competencias, y ahí se refirió a las limitaciones generadas a partir de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración. En este sentido reconoció que hubieron momentos de impotencia y duda ante la necesidad de intervenir, pero que la situación de emergencia fue lo que motivó que desde el municipio se interviniera en lo sanitario, en este sentido declaró que ‘no hay competencias impropias sino que hay competencias desatendidas’ y que los ayuntamientos son los que usualmente abordan estas últimas.
Consultada por la situación de las residencias, reconoció que se hizo todo lo que se tenía al alcance desde lo competencial, desde limpiezas, formaciones y suministro de EPIs, pero que cuando la situación llegó a cierto punto de emergencia y ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad, a quien se acudió en numerosas ocasiones, el gobierno municipal decidió acudir a la Justicia, presentando un caso ante el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, el cual dio la razón al gobierno local y dictaminó medidas cautelarísimas para la medicalización de las residencias por parte del gobierno autonómico, incluso ahora, ya pasada la peor parte de la pandemia, como medida preventiva y ante posibles rebrotes.
Una vez pasado lo peor de la crisis, la pregunta que sigue es qué se espera al futuro, y sobre todo desde INCIDEM nos preguntábamos qué pasará con la cooperación municipal, consultada sobre esto la alcaldesa reconoció que la cooperación municipal debe dejar de plantearse como un asunto de solidaridad y empezar a plantearse como un tema de justicia social, en este sentido reconoce que en el ayuntamiento hubo una bajada a cero de los fondos de cooperación durante la gestión anterior y que se está intentando reconstruir de a poco, incluso dotando a la cooperación de una partida inicial en los próximos presupuestos municipales. Sin embargo, resaltó la importancia de la coordinación y el trabajo conjunto con otros municipios, poniendo el hincapié en la necesidad de un Fondo Madrileño de Cooperación, que optimice, defina estrategias y localice los destinatarios de las acciones y proyectos, pero reconociendo que hay una dejación muy profunda por parte del gobierno de la comunidad de Madrid y que de momento se tendrá que seguir trabajando desde la Alianza de Municipios del Sur por los ODS.
La alcaldesa pone de manifiesto la necesidad de seguir colaborando y coordinándose con otros agentes locales, municipios pero también organizaciones de la sociedad civil, y cierra la entrevista reconociendo que ‘si queremos tener una sociedad más justa y más decente tenemos que poner en marcha la cooperación’.
Publicada originalmente en julio de 2020 en el blog de INCIDEM